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Recortes del psoe en sanidad
temas de investigación sobre disparidades sanitarias
España es el tercer país del mundo con mayor número de casos detectados de coronavirus, y las cifras aumentan rápidamente. Las cifras son extremadamente volátiles, y actualmente estamos experimentando incrementos exponenciales tanto en los contagios detectados como en las muertes, que suman 85.195 y 7.340 respectivamente a fecha de 29 de marzo. Todavía es pronto para saber si las medidas adoptadas por el gobierno de coalición Partido Socialista-Unidas Podemos (PSOE-UP) podrán frenar la trayectoria de crecimiento del contagio. Pero la crisis sanitaria se está convirtiendo rápidamente en una crisis multifacética de la sociedad española.
A diferencia de Estados Unidos, España cuenta, al menos, con un sistema sanitario público. La Constitución aprobada en 1978 durante la transición democrática consagró dicho sistema, una victoria para los españoles de clase trabajadora reforzada por una enmienda de 1989 que garantizaba el derecho a un tratamiento «universal». La identificación popular con estos valores no ha hecho más que reforzarse con la crisis actual. Si no fuera por esta sanidad pública, miles de familias tendrían que elegir entre dejar morir a sus seres queridos o hundirse en el endeudamiento y el empobrecimiento. En una situación de múltiples contagios, sus opciones se limitarían a elegir cuál de sus deudas pagar. Valorar adecuadamente el sistema sanitario público permite comprender el daño que las políticas neoliberales le han hecho.
efectos de la falta de servicios sanitarios
Las disparidades sanitarias -desigualdades en la calidad de la salud, la atención sanitaria y los resultados sanitarios que experimentan los grupos en función de sus características sociales, raciales, étnicas, económicas y ambientales- existen en todo el país.
Son muchos los factores que contribuyen a las disparidades sanitarias, como la genética, el acceso a la asistencia, la mala calidad de la misma, las características de la comunidad (por ejemplo, el acceso inadecuado a alimentos saludables, la pobreza, los sistemas de apoyo personal limitados y la violencia), las condiciones ambientales (por ejemplo, la mala calidad del aire), las barreras lingüísticas y los comportamientos sanitarios. Estas condiciones sociales, económicas y medioambientales en las que la gente vive, aprende, trabaja y juega se conocen como determinantes sociales de la salud.
Las comunidades de color, las poblaciones con un estatus socioeconómico más bajo, las comunidades rurales, las personas con discapacidades cognitivas y físicas y las personas que se identifican como LGBTQ suelen estar desproporcionadamente expuestas a condiciones y entornos que afectan negativamente a los riesgos y resultados de salud y conducen a mayores tasas de disparidades sanitarias. Por ejemplo, los estadounidenses que viven en zonas rurales tienen más probabilidades de morir por lesiones no intencionadas, enfermedades cardíacas, cáncer, accidentes cerebrovasculares y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que sus homólogos urbanos.
reducir las disparidades raciales en la atención sanitaria
Estados Unidos se encuentra en una encrucijada en cuanto a la forma de pagar la asistencia sanitaria. El pago por servicio, el modelo de pago dominante en Estados Unidos y en muchos otros países, es ahora ampliamente reconocido como quizá el mayor obstáculo para mejorar la prestación de la atención sanitaria. En la actualidad se está librando una batalla, fuera de la opinión pública, entre los defensores de dos enfoques de pago radicalmente diferentes: la capitación y los pagos agrupados. Hay mucho en juego, y el resultado definirá la forma del sistema sanitario durante muchos años, para bien o para mal.
En este artículo, los autores sostienen que, aunque la capitación puede suponer un modesto ahorro a corto plazo, conlleva importantes riesgos y no logrará cambiar fundamentalmente la trayectoria de un sistema roto. Por el contrario, el modelo de pago agrupado desencadena la competencia entre los proveedores para crear valor allí donde importa -en el nivel del paciente individual- y pone la atención sanitaria en el camino correcto.
Los autores ofrecen sólidos ejemplos de prueba de concepto de iniciativas de pagos agrupados en Estados Unidos y en el extranjero, abordan los retos de la transición a los pagos agrupados y responden a las preocupaciones de los críticos sobre los obstáculos a la implementación.
desigualdades en la atención sanitaria
El objetivo de este artículo es analizar las raíces de la reforma sanitaria española que tuvo lugar una vez muerto el dictador, el general Franco, en 1975. Tras contextualizar el lugar que ocupa España en el desarrollo de los sistemas sanitarios occidentales, se evalúan tres elementos clave y su influencia en la medicalización de la sociedad española. El primero es el impacto económico, social y cultural de la introducción del Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), que entró en vigor en 1944 y fue sustituido posteriormente por la Seguridad Social en 1967. En segundo lugar, describimos algunas de las claves para entender mejor el predominio del hospital en el sistema sanitario, que se consolidó con la Ley General de Sanidad aprobada en 1986, a pesar de su énfasis en la atención sanitaria comunitaria. En tercer lugar, consideramos el problema del acceso a la sanidad en las zonas rurales en los años 40-60, cuando coexistían la red de médicos locales y la SOE.
2El sistema sanitario público fue quizás el logro más significativo de la transición a la democracia que siguió a la muerte de Franco, tan importante como el desarrollo de las infraestructuras viarias y ferroviarias. De hecho, en los resultados de las encuestas actuales sobre temas sociales, el sistema sanitario no suele figurar como preocupación principal (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2018: 4). Se cree -y probablemente con razón- que el sistema satisface las necesidades de la población, aunque los recortes sanitarios de los últimos años han suscitado preocupación por las listas de espera y la privatización de centros sanitarios en algunas regiones. El hecho de que el sistema sanitario público no suela estar en el primer plano del debate político ha llevado, con toda probabilidad, a los historiadores de la Transición a ignorarlo.