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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha[1] es la institución por la que se organiza el gobierno de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, España. Está integrada por:[2]
Las Cortes de Castilla-La Mancha son la asamblea legislativa de la comunidad autónoma, encargada de crear legislación y nombrar o destituir al Presidente de la Junta. El Presidente es el representante de la comunidad autónoma, normalmente el líder del partido o coalición con mayoría de escaños en la asamblea. El Presidente encabeza el Consejo de Gobierno, el organismo encargado del poder ejecutivo. Está integrado por varios consejeros nombrados por el Presidente.
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Mientras los consumidores se acostumbran cada vez más a acceder a los bienes y servicios en línea, organismos gubernamentales como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también están dispuestos a ofrecer las ventajas de la gobernanza electrónica a sus ciudadanos. «Castilla-La Mancha es un gran territorio en el centro de España con una población de 2 millones de habitantes en un área de casi 80.000 kilómetros cuadrados. Algunos de nuestros ciudadanos tienen que desplazarse hasta una hora para llegar a los centros administrativos de la región», afirma Alipio García, Director General de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Junta de Castilla-La Mancha. «Permitirles realizar tareas en línea, como pagar una factura o solicitar un permiso, es fundamental para la prestación de un servicio moderno y eficiente».
La revolución electrónica en la administración local se basa en dos factores clave: las infraestructuras y la alfabetización electrónica. «Estamos invirtiendo en nuestra infraestructura digital para proporcionar a las empresas y a los ciudadanos un acceso más rápido a Internet, pero tenemos muchos ciudadanos que no poseen ordenadores ni tienen los conocimientos necesarios para manejarlos, sobre todo porque tenemos una población envejecida. Parte del reto es formarles para que aprovechen al máximo las herramientas digitales, especialmente en el uso de la administración electrónica», dice Alipio. «Para facilitar el acceso a los servicios, hemos creado un portal en línea y actualmente gestionamos una red de 470 rincones tecnológicos que ofrecen 3.900 puntos de acceso informático en toda la región. Ahora, nuestros ciudadanos pueden acceder a distancia a los registros, pagar una factura o realizar otras tareas burocráticas y administrativas.»
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Castilla-La Mancha es una región situada en el centro de España y que comparte sus límites con otras siete regiones (Andalucía, Aragón, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Murcia), y debido a su ventajosa posición, tiene acceso directo a más del 70% de la población española, un mercado de más de 34 millones de personas.
El Plan Adelante es la estrategia de Castilla-La Mancha para reforzar el espíritu empresarial. Está diseñado para mejorar la competitividad, fomentar el crecimiento de las empresas y crear y consolidar el empleo. Se articula en torno a seis ejes, en los que el apoyo a la inversión a través de los INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES juega un papel fundamental. Se trata de subvenciones a fondo perdido a la inversión concedidas por el Gobierno central para promover la actividad empresarial en zonas predeterminadas con el fin de reducir la disparidad económica en España, distribuir las actividades de forma más uniforme y reforzar el potencial de desarrollo propio de las regiones. El programa FOCAL ofrece ayudas regionales para invertir en la transformación, comercialización y desarrollo de productos agrícolas, así como para promover la agroalimentación de calidad.
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La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Bienestar Social desarrolla actualmente el Plan Regional de Integración Social. Con este plan se involucra en proyectos cuyos objetivos son: la integración social de personas y familias socialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social; el desarrollo integral de barrios desfavorecidos; medidas adaptadas a personas extranjeras inmigrantes con dificultades lingüísticas y culturales; y medidas adaptadas a personas y familias de etnia gitana socialmente vulnerables o en riesgo de exclusión social.
