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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la izquierda, conversa con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras salen de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el viernes 21 de junio de 2019. El máximo responsable de Naciones Unidas…
Un informe de la ONU acusa al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro de ejecuciones extrajudiciales y de medidas represivas destinadas a neutralizar a los opositores políticos. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, presentó el informe el viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe presenta un panorama sombrío de una sociedad en la que se mata, se detiene arbitrariamente, se tortura y se priva de los productos básicos necesarios para la supervivencia. Informa de un número escandalosamente alto de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad de Venezuela contra supuestos delincuentes que se resisten a ser detenidos.
Michele Bachelet, jefa de derechos humanos de la ONU, afirma que los opositores políticos y los defensores de los derechos humanos son objeto de amenazas, campañas de desprestigio y abusos generalizados, como torturas, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas.
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Los escuadrones de la muerte han vuelto a América Latina, esta vez a la izquierda: Un nuevo informe de la ONU dice que las fuerzas del gobierno en Venezuela han matado al menos a 6.854 personas desde el inicio de 2018, y cita relatos de grupos independientes que sitúan el total por encima de los 9.000.
Para ser claros, son los testigos quienes los llaman «escuadrones de la muerte»: Describen a las Fuerzas de Acción Especial, enmascaradas y vestidas de negro, entrando a toda velocidad en las ciudades en camionetas sin matrícula, y procediendo a irrumpir en las casas, abusando de las mujeres y separando a los jóvenes, para luego ejecutarlos. Después, los matones montan una escena para que parezca que sus víctimas se resistieron al arresto.
Además de los escuadrones de la muerte, el informe señala miles de detenciones políticas y la tortura generalizada de los presos políticos, incluyendo el ahogamiento, las descargas eléctricas, la asfixia con bolsas de plástico y la violación.
El dictador Nicolás Maduro dio un acceso inusual a los investigadores de la ONU, aparentemente porque estaban dirigidos por la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien como presidenta de Chile se negó a criticar abiertamente el giro del régimen hacia la represión antes de dejar ese cargo el año pasado.
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En 2014, se iniciaron en Venezuela una serie de protestas, manifestaciones políticas e insurrecciones civiles debido a los altos niveles de violencia urbana del país, la inflación y la escasez crónica de bienes y servicios básicos[24][25][26] Las explicaciones para este empeoramiento de las condiciones varían[27], con análisis que culpan a los estrictos controles de precios[28][29] y a la corrupción política generalizada a largo plazo que resulta en la falta de financiación de los servicios básicos del gobierno. [30] Aunque las protestas se produjeron en enero, tras el asesinato de la actriz y ex Miss Venezuela Mónica Spear,[31][32] las protestas de 2014 comenzaron en serio en febrero, tras el intento de violación de una estudiante[33] en un campus universitario de San Cristóbal. Las posteriores detenciones y asesinatos de manifestantes estudiantiles estimularon su expansión a ciudades vecinas y la implicación de líderes de la oposición[34][35] Los primeros meses del año se caracterizaron por grandes manifestaciones y violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas gubernamentales que se saldaron con cerca de 4.000 detenciones y 43 muertes,[8][9][21] entre los que se encontraban tanto partidarios como opositores al gobierno[36] Hacia finales de 2014, y en 2015, la continua escasez y los bajos precios del petróleo provocaron nuevas protestas[37].
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El artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que «nadie será sometido a detención, prisión o exilio arbitrarios». A pesar de ello, sólo en Venezuela, más de 15.160 personas han sido detenidas arbitrariamente con fines políticos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2019. Un informe elaborado por Foro Penal ha indicado que, en este periodo, también se han registrado numerosos casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Solo entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, en la nación presidida por Nicolás Maduro, se han producido 757 desapariciones forzadas, de las que al menos 14 siguen sin aparecer.
«El régimen bolivariano libera a los grupos detenidos mientras detiene a otros en proporciones similares. Esto, con el fin de mantener un número constante de detenidos y no llamar la atención sobre el abrumador número de arrestos», explicó Foro Penal, que señaló que esta táctica es conocida como la «puerta giratoria». Esta organización no gubernamental, que trabaja en la defensa de los derechos humanos en Venezuela desde 2002, considera que los propósitos y objetivos de la represión política en la nación latinoamericana pueden dividirse en cinco categorías (exclusión, intimidación, propaganda, extracción y por motivos personales).