Durante el año 2005 mediante vía telefónica, carta, fax, e-mail o reclamaciones on line, “El defensor del Paciente” recibió un total de 12.037 casos entre reclamaciones médico-sanitarias y presuntas negligencias, lo que significa un aumento de 281 casos más que en 2004, aunque en contrasentido el número de fallecidos por presunta negligencia médica han sido 508 personas, 31 pacientes menos que el año pasado.
La OMS (organización mundial de la salud) afirma que uno de cada diez pacientes que ingresan en un hospital sufre un daño físico, ajeno a su dolencia inicial, que podría haberse prevenido. A nivel nacional la situación no cambia, alrededor de más de 70.000 denuncias sanitarias se efectuaron 2005, como se puede constatar a través de estamentos como el Ministerio de Sanidad y las Consejerías, el Defensor del Pueblo o los propios servicios de Atención al Paciente de la Red Hospitalaria.
En relación y paralelismo entre demandas judiciales por presunta negligencia-médica y sentencias favorables de este tipo se puede apreciar un aumento del 10% y del 20% respectivamente.
Las quejas y reclamaciones más comunes recibidas en 2005 van desde las denuncias por la demora en la prestación de los diversos servicios hospitalarios y centros médicos, la insuficiente información prestada por los citados servicios, las desatenciones en las urgencias hospitalarias, así como casos graves de presuntas negligencias o errores médico-sanitarios. De estos casos alrededor de un 40% se han judicializado.
Existe una lista de espera en cirugía, con más de 400.000 pacientes en España, que aunque ha bajado en algunas Comunidades en tiempo quirúrgico, las cifras son engañosas pues, la espera es alarmante en pruebas diagnósticas y especialidad, siendo un grave problema sin voluntad clara por parte de los responsables sanitarios de acabar con esta situación que, supone en criterio de “El defensor del paciente” un atentado contra la salud y la vida de los ciudadanos.
Los pacientes, de esta manera, tenemos que permitir la tomadura de pelo por parte de algunos mandatarios sanitarios, cuando sabemos de sobra que las secuelas y el agravamiento de la patología se genera durante el largo tiempo de espera en diagnóstico y acudir al especialista.
Las patologías más denunciadas fueron las de traumatología y ginecología.
Pero si hubiera que realzar casos concretos a lo largo de 2005, afirma la Memoria 2005, esos fueron dos:
- Por un lado la retirada del fármaco Agreal para la menopausia por parte de la Agencia del Medicamento, debido a que producía secuelas tales como depresión, problemas neurológicos, parkinson o insomnio, ocasionó que “El defensor del Paciente” tuvo que atender y siguen atendiendo a más de 1.000 pacientes afectadas por este tipo de consecuencias ante la escasa información y poca preocupación del Ministerio de Sanidad, que se limitó a retirarlo de las farmacias sin más explicaciones, quedando claro la nula coordinación entre Ministerio de Sanidad, Consejerías y Médicos a la hora de informar a las pacientes afectadas.
- Por otro lado en lo referente al caso del Hosp. Severo Ochoa de Leganés recuerda la Memoria, que se debió a una carta anónima que recibió “el defensor del Paciente”, con una documentación no tan anónima (con nombres, historiales numerados, medicación administrada, etc.) y en la que se denunciaba la muerte de pacientes en este hospital por sedación no adecuada.
Lo LAMENTABLE y VERGONZOSO del caso es que, lo que se suponía un debate sanitario se convirtió en un debate político, desviando la atención en lugar de buscar soluciones y centrarse en lo que realmente reivindicaban los pacientes, que ya no era si la sedación era o no adecuada, simplemente que en la mayoría de los casos no existía un consentimiento informado y por tanto, los pacientes o sus familiares no pudieron ejercer el derecho a decidir qué hacer con su vida, sino que premió la medicina autoritaria y paternalista.
Para entender esto, que sirva de ejemplo cómo falleció el Papa Juan Pablo II, él tomo la decisión de morir agonizando y los médicos a su cargo acataron la decisión. La Ley en este sentido es lo suficientemente explícita: falta de consentimiento = mala praxis.
Los pacientes podemos estar de acuerdo con la sedación paliativa, podemos estar de acuerdo conque no se debe sufrir innecesariamente a la hora de la muerte, podemos estar de acuerdo con la eutanasia estudiada y controlada en un caso irreversible y sin ninguna calidad de vida. Pero lo que nunca podremos estar de acuerdo es que todo esto se haga sin el consentimiento de los pacientes o de sus familiares, en el caso de que éstos estuvieran incapacitados. En definitiva, tenemos el derecho a decidir y, este derecho debe imperar sobre la dictadura o actuación unilateral de un médico, comité o cualquier otra instancia médico-sanitaria. Son derechos constitucionales que nadie puede violar.
