Violencia politica en colombia

Conflicto colombiano 2020

Los últimos días han alimentado importantes roces entre los representantes de derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia y el gobierno del presidente Iván Duque, ante los resultados de un informe cuya principal conclusión fue: Colombia tuvo el mayor número de asesinatos de activistas sociales y defensores de derechos humanos en América Latina en 2019.

Desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, la situación de violencia política en el país aún no se ha mitigado; por el contrario, la situación se ha transformado de la manera más preocupante. Los dos resultados más preocupantes son: casi 200 excombatientes de las FARC fueron asesinados durante su desmovilización, y más de 700 líderes sociales, activistas y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en los últimos tres años y medio, lo que equivale a una muerte violenta cada 48 horas aproximadamente.

El tema de la violencia dirigida se desarrolló bajo una importante inoperancia del Estado. Sin duda, la debilidad endémica del Estado, su precariedad institucional y su incapacidad para abordar los demás aspectos de la violencia con las FARC están fuera de toda duda. Así, tras el acuerdo de paz, cualquier atisbo de superación de las condiciones estructurales, simbólicas y culturales que han sostenido la violencia durante décadas parecía estar lejos de su alcance. Tanto es así que parecería que la única preocupación de Duque es que los ex guerrilleros abandonen el proceso de reincorporación y vuelvan a la dinámica de la violencia armada.

Guerrilla colombiana

Conflicto colombiano (1964-actualidad)Parte de la Guerra Fría (1964-1992) y de la Guerra contra las Drogas (1993-actualidad)Izquierda: Un marine colombiano en un ejercicio de entrenamiento de campoCentro: Guerrilleros de las FARC en las conversaciones de paz del CaguánDerecha: Un narcosubmarino, utilizado por las FARC y los cárteles colombianos para transportar droga en el mar, capturado por la Armada peruana en diciembre de 2019Fecha27 de mayo de 1964[25][26] – actualidad(57 años, 5 meses, 3 semanas y 6 días)LugarColombiaEstado

Apoyado por: Venezuela (supuestamente; hasta 2021)[13][14][15][16] Cuba[17][18] Jamahiriya Árabe Libia (hasta 2011)[19][20] Unión Soviética (hasta 1989)[18][cita requerida] ETA (1964-2018)PIRA (1969-98)Fuerzas Bolivarianas de Liberación[21] Sendero Luminoso[22][23] Nicaragua (supuestamente)[24]Comandantes y líderes

Total de bajas: 218.094[43][44]Total de civiles muertos: 177.307[43]Personas secuestradas: 27.023[43]Víctimas de desapariciones forzadas: 25.007[43]Víctimas de minas antipersona: 10.189[43]Total de personas desplazadas: 4.744.046-5.712.506[43][45]Número total de niños desplazados: 2,3 millones de niños[46]Número de refugiados: 340.000[47]Número de niños asesinados: 45.000[46]Niños desaparecidos: 8.000 menores[46]

Cuestiones políticas en colombia

El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a un conflicto armado de 52 años y supuso un descenso inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia relacionada con el conflicto ha adoptado desde entonces nuevas formas, y siguen produciéndose graves abusos. La violencia asociada a los conflictos ha desplazado por la fuerza a más de 8,2 millones de colombianos desde 1985.

En 2020, la población civil de diversas partes del país sufrió graves abusos a manos de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y los grupos sucesores de los paramilitares. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios se enfrentan a amenazas de muerte y violencia generalizadas. El gobierno no ha tomado suficientes medidas para protegerlos.

La impunidad de los abusos cometidos en el pasado, los obstáculos para la restitución de las tierras a los desplazados, las limitaciones a los derechos reproductivos y la extrema pobreza y el aislamiento de las comunidades indígenas siguen siendo importantes preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia.

En junio de 2017, la misión política de las Naciones Unidas en Colombia verificó que los guerrilleros de las FARC que aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno habían entregado sus armas a la misión. El grupo guerrillero desmovilizado anunció posteriormente que estaba formando un partido político.