Delito de odio en españa

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¿Cuántos delitos de odio se producen? ¿Quiénes son las personas más afectadas? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la respuesta de la policía? ¿Se están investigando y persiguiendo los casos? ¿Aplican los tribunales las leyes sobre delitos de odio? ¿Las víctimas tienen acceso a la seguridad, la justicia y el apoyo que necesitan?

Aunque los datos «oficiales» sobre los delitos por odio, normalmente proporcionados por los informes policiales, son la fuente más citada para responder a estas preguntas, sólo cuentan una pequeña parte de esta compleja historia. Entender lo que ocurre con los casos cuando se investigan, se procesan y se sentencian requiere un enfoque compartido con la cooperación de todos los organismos gubernamentales y ministerios con responsabilidades en esta área, sin embargo, a menudo no existen los mecanismos y las asociaciones necesarias. Los informes y la información recopilada por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) pueden ser piezas fundamentales del rompecabezas, pero la conexión entre las autoridades públicas y la sociedad civil es aún más limitada.

El proyecto Facing all the Facts utilizó métodos de talleres interactivos, entrevistas en profundidad, diseño gráfico e investigación documental para comprender y evaluar los marcos y las acciones que apoyan la denuncia, el registro y la recopilación de datos de los delitos de odio en un «sistema» de autoridades públicas y OSC[2] Los investigadores adoptaron una metodología de investigación participativa y trabajaron directamente con aquellos que están en el centro de los esfuerzos nacionales para mejorar la denuncia, el registro y la recopilación de datos de los delitos de odio para explorar la hipótesis de que unas relaciones más fuertes conducen a mejores datos e información sobre los delitos de odio y, por lo tanto, a mejores resultados para las víctimas y las comunidades.

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España comunica periódicamente a la OIDDH datos sobre delitos de odio. El Código Penal español contiene disposiciones generales sobre el aumento de las penas y los delitos de fondo. La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior recoge datos de delitos de odio de la Policía Autonómica de Cataluña, la Policía Autonómica Vasca, la Policía de Navarra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. España publica informes anuales sobre los delitos de odio.

En 2020, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior realizó una encuesta de victimización por delitos de odio (18 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021). El objetivo de esta investigación era recoger los conocimientos y sentimientos de las víctimas de un delito de odio. Más de 700 participantes respondieron a este cuestionario, pero sólo utilizamos los datos de unos 400 participantes para realizar un informe estadístico, ya que estas personas habían sido víctimas de un delito de odio en los últimos cinco años. Esta selección se aplicó para garantizar una visión más actualizada de este fenómeno social. Gracias a ello, las posibles medidas que se pudieran aplicar se adaptarían más fácilmente para reducir su victimización. Algunas de las preguntas más importantes que se hicieron en la encuesta fueron ¿Cree que las medidas que se han adoptado hasta ahora en España para combatir los delitos de odio son adecuadas? ¿Cuál es su percepción de los delitos de odio en los últimos cinco años? ¿Evita algunos lugares para evitar ser víctima? Además, también se les preguntó si denunciaron el delito cuando se produjo, cómo fue el trato policial y, muy importante, por qué no denunciaron el delito a las autoridades (si no lo hicieron). Los miembros de la ONDOD consideran que este estudio podría ayudar a abordar esta lacra social con mayor eficacia.

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Un territorio no sólo lo conforman sus límites geográficos, sus ciudades, pueblos y aldeas características, sus edificios y monumentos emblemáticos o sus paisajes naturales; también lo forman todos los ciudadanos que viven en él. Por eso, la mejor manera de cuidar una comunidad es priorizar la seguridad de todos sus habitantes.

El País Vasco es uno de los lugares más seguros de Europa, con una tasa media de criminalidad de 41,34 por cada mil habitantes en 2012, casi siete puntos menos que la media de España (48 en 2012), y más de veinte puntos menos que la media de la UE, establecida en 64,9.

Según esta encuesta, el País Vasco es la comunidad autónoma más segura según el 14 % de los encuestados, seguida de Asturias (9 %) y Extremadura (8 %).    Por otro lado, el 38 por ciento de los encuestados, de más de 2.000 entrevistas, considera que Madrid es la menos segura, seguida de Andalucía (21 %) y Cataluña (19 %).

Una de las preocupaciones sociales más extendidas es la delincuencia, ya que puede coartar la libertad de los ciudadanos y hacer temblar los cimientos de las comunidades. Según las tasas de homicidio de la OCDE, la media de los Estados miembros es de 2,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En el País Vasco, la tasa es mucho menor: 0,55, sólo por detrás de Japón o Islandia.