Dictan apertura de juicio e imponen 710.000 euros de fianza a los cuatro acusados del espionaje en las cajas

En el auto, al que tuvo acceso Europa Press y contra el que no cabe recurso, se especifica que en la acción penal se acusa a los presuntos inculpados de un supuesto delito de injurias graves con publicidad, entendiendo el juez que los escritos de acusación presentados “tienen cierto fundamento”, según indicaron fuentes del caso.

Así las cosas, el Juzgado dictaminó que los acusados pueden mantener la libertad provisional y, además de la indemnización conjunta, se les requiere que “en 24 horas” presenten fianzas de 126.000 euros en el caso de Benjumea; 63.000 euros en el del detective implicado; 84.000 euros el director de El Mundo Andalucía y la misma cantidad para el redactor de su medio.

Además, se declara la responsabilidad civil solidaria a la editora-propietaria del citado diario, requiriéndosele en el mismo plazo que abone 710.000 euros de fianza en concepto de responsabilidad civil. Los acusados deben formular ahora un escrito de conformidad o disconformidad con la acusación formulada, proponiendo en el último caso las pruebas que intenten valer.

Fuentes del caso indicaron que ahora habrá de concretarse el Juzgado de lo Penal que llevará el caso, no habiendo aún fecha, por tanto, para el desarrollo de la vista oral, si bien, la magistrada juez del Juzgado de Instrucción número 1 ha citado a los acusados para el próximo día 21 a las 10.00 horas, cuyas defensas podrán presentar ahora escrito de calificación.

Los hechos se remontan a 2001, cuando el diario El Mundo publicó supuestos seguimientos que se estaban realizando a Benjumea, en una noticia titulada ‘Chaves ordenó espiar al presidente de la Caja San Fernando’, unos hechos contra los que Manuel Chaves, secretario general del PSOE-A, interpuso una querella al entender que no eran ciertos.

En la instrucción, los periodistas acusados aseguraron que comprobaron durante semanas la información antes de publicarla, el 29 de noviembre de 2001, y que los hechos les fueron confirmados por la Delegación del Gobierno en Andalucía y por el propio Benjumea y por los detectives contratados por éste.

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